Observaciones Iniciales al Proyecto de Ley Orgánica de Educación/ Lo positivo y lo negativo de la Ley de Educación

A ponerse las pilas este gobierno no da descanso, "el mal sólo triunfará si los buenos no hacen nada".


"Observaciones Iniciales al Proyecto de Ley Orgánica de Educación, aprobado por la Comisión de Educación, Cultura y Deportes de la Asamblea Nacional.


En el documento aprobado por la Comisión de Educación, Cultura y Deportes, se hace mucho más ostensible el sobredimensionamiento del Estado, entendido como Gobierno, para centralizar y controlar la Educación, excluyendo al resto de la sociedad de atribuciones relevantes con respecto a este tema.

La Comisión actuó fundamentalmente para incorporar artículos que permiten al Gobierno someter a las Universidades Autónomas y a toda la Educación Superior, bajo su arbitrio. Es decir, es un proyecto antiuniversitario y contrario a una educación libre y democrática.

El Proyecto reafirma lo que ya es conocido en el discurso oficialista, que la Educación debe basarse de forma obligatoria en la “doctrina bolivariana y robinsoniana”, definida ésta de acuerdo a los criterios del Gobierno. Igualmente, se habla de pertinencia social de la Educación y de la idoneidad de los docentes, siempre con la valoración oficialista al respecto.

Se incorporan como agentes de la Educación, para actuar como actores políticos en el Sistema Educativo, a los Consejos Comunales y todas aquellas organizaciones que el Gobierno considera parte del llamado Poder Popular.

Lo concerniente a la educación universitaria, reproduce con exactitud las exigencias que hicieran los Ministros Luis Acuña y Héctor Navarro ante la Comisión de Educación, Cultura y Deportes, que como sabemos, tenían la intención de colocar a las Universidades bajo el mando de los Ministerios de Educación y de Educación Superior.

Transformar a las misiones educativas en las instituciones formales, por excelencia, del Sistema Educativo, como una estrategia de inclusión social obligatoria. En definitiva, es un proyecto reglamentista, con marcada inclinación punitiva, que prohíbe y asfixia iniciativas y formas de organización que no estén en correspondencia con los objetivos ideológicos del Gobierno.

Estos aspectos generales señalados, indican con claridad la intención de hacer del Sistema Educativo, una estructura para validar el modelo político ideológico oficial. Incluso, cuando hablan de “la Educación abierta a todas las corrientes del pensamiento”, lo hacen como algo accesorio, que no se refleja en la concepción general del documento.

¿En qué medida se afecta a las universidades y especialmente a la autonomía universitaria?
Veamos:
- En la competencia del Estado Docente (véase artículo 5), el presupuesto universitario y el patrimonio de las universidades deberá ejecutarse de acuerdo al principio de la Democracia Participativa y Protagónica. Esto afecta considerablemente la potestad de las autoridades universitarias con respecto a un asunto de tanta importancia.

- Los procesos de ingreso de los profesores y la carrera académica se someterán a métodos de evaluación integral y contraloría social.

- Los egresados de las universidades también estarán sujetos a una Ley Especial, para obligarlos al ejercicio profesional en el país.

- Las políticas de Ingreso y Admisión, que tanto incomodan al Profesor Navarro y al Profesor Acuña, ahora sólo pueden ser definidas por el Ejecutivo Nacional.

- El Servicio Comunitario y las Pasantías deberán inscribirse en el marco de lo que el Gobierno define como Desarrollo Endógeno.

- Se sustituye la idea de Educación Superior por Educación Universitaria. De esta manera, el Gobierno quiere equipar a todas las instituciones que actualmente no poseen ese status académico, con las Universidades Nacionales.

- La elección de las autoridades universitarias estará determinada por lo que el Gobierno establece como Democracia Participativa y Protagónica, y su mandato puede ser revocado. También es importante mencionar que se extiende la idea de Comunidad Universitaria, de forma distinta a lo consagrado en la Constitución. Así, el personal administrativo y el personal obrero, pasarían a formar parte de la comunidad académica, y por tanto, con derecho a elegir a los decanos y autoridades universitarias.

- Los Consejos Estudiantiles serían la nueva figura que sustituiría a las formas organizativas vigentes que caracterizan al movimiento estudiantil universitario. Además, se les define las funciones y le sentido de sus actividades. Se anuncia igualmente que habrá una normativa que regirá a estos Consejos.

- Se insiste en muchos de los artículos sobre Contraloría Social, Consejos Contralores y Consejos Comunales. Todos ello para menoscabar la autonomía de las autoridades universitarias y de los actuales organismos de cogobierno, con el propósito de hacer depender la vida de las Universidades del férreo control gubernamental. Esto fue planteado en la reforma constitucional del 2007 y fue negado.
La autonomía queda como un principio disminuido, que sólo permitiría a las Universidades planificar a medias sus programas académicos.

- Tal como se dijo al principio de estas reflexiones, la Comisión de Educación, Cultura y Deportes satisfizo con mucha prodigalidad el interés que tenían los Ministros para cercar las Universidades. En ese sentido, además de lo dicho hasta ahora, hay que destacar las Leyes Especiales que el documento presenta, referidas a lo siguiente: Financiamiento del Sistema Nacional de Educación Universitaria; el ingreso de estudiantes a este Sistema; los Postgrados; la carrera académica; el ingreso y permanencia de los docentes.

Como podrá verse en este primer análisis que hacemos del documento aprobado durante el día de ayer por la Comisión de Ecuación, Cultura y Deportes, existen razones para que la comunidad universitaria asuma con la gravedad que el caso reclama, la defensa de la educación libre y democrática y el principio cardinal de la autonomía universitaria.

De acuerdo con lo que ha sido la lógica de discusión de la Comisión correspondiente, no pareciera descaminado pensar que la Asamblea Nacional complacerá al Presidente de la República y a los Ministros Navarro y Acuña, para tener una Ley de Educación “Revolucionaria”, antes del inicio del próximo año escolar.

Posteriormente, les comunicaremos otros análisis que compartiremos con autoridades y docentes, tanto de la UCV como de otras Universidades".


Prof. Amalio Belmonte
Secretario de la Universidad Central de Venezuela

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Aquí les envío un documento que preparamos en Asamblea de Educación. Recoge aspectos positivos y negativos de la propuesta que se hizo pública el pasado 05/08/2009 en la Asamblea Nacional.

Saludos

Fifi Pantin
Asamblea de Educación

Lo positivo y lo negativo de la Ley de Educación

Leonardo Carvajal y Fifi Pantin (Asamblea de Educación)
06/08/2009


Una primera lectura del Proyecto de Ley de Educación aprobado abrupta y nocturnamente por la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional el día de ayer, más allá del rechazo que tenemos sobre varias arbitrariedades cometidas contra el espíritu y la letra de las normas existentes para sancionar una ley orgánica, nos lleva a presentarles un breve resumen de algunas de nuestras principales observaciones al contenido de ese texto legal.

En cuanto a lo positivo:


* Incremento de los días de escolaridad: se establece que el año escolar tendrá un mínimo de 200 días de clase, manteniendo los 60 días de vacaciones (art. 47).
* Afianzamiento de la Patria Potestad: se plantea textualmente que “las familias tienen el deber, el derecho y la responsabilidad en la formación de valores, principios, creencias, actitudes, normas y hábitos en los niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos” (art.14).
* Respeto a la pluralidad ideológica: a pesar de la insistencia del Presidente Chávez en relación con que la educación debe definirse como socialista, en el Proyecto de Ley se señala, por una parte, que ella se fundamenta en la doctrina bolivariana, en la de Simón Rodríguez y en el humanismo social, principios que compartimos la inmensa mayoría de los venezolanos; por la otra, en el Proyecto se dice también expresamente que esa educación está “abierta a todas las corrientes del pensamiento” (art. 11), con lo cual se niega la pretensión de atarla a un modelo ideológico-político socialista.


En cuanto a lo negativo:


* La desnaturalización de la misión pedagógica de la escuela: no se define a la Comunidad Educativa como un conjunto de actores que promueven los procesos formativos de las nuevas generaciones, sino como un espacio “social-comunitario, organizado, participativo, cooperativo, protagónico y solidario” (art. 17), definición en la cual brilla por su ausencia el esencial propósito pedagógico que debe tener una Comunidad Educativa.
* La invasión de los Consejos Comunales: se establece que los colectivos externos a la escuela, especialísimamente los Consejos Comunales, se incorporarían a ella y asumirían roles de “evaluación y supervisión” amén de convertirse en los garantes de “la formación integral de los ciudadanos”, asumiendo “un rol concientizador para la formación de una nueva ciudadanía” (arts. 15 y 16). Es inaceptable que se pretenda desplazar a las Comunidades Educativas por este experimento socio-político que, además, expresa una nueva “geometría del poder” digitada desde Miraflores.
* La visión totalitaria sobre la educación permanente: aunque parezca increíble, en el Proyecto se plantea que el Estado, a través de los dos ministerios educativos, “diseña, administra y supervisa la política de formación permanente” para todos los ciudadanos a fin de fortalecer a “la persona como ser social” (art. 36).
* Restricciones a la libertad de pensamiento en la educación universitaria: se plantea que sólo aquellas instituciones a las que el Estado les reconozca autonomía, podrán disfrutar de “libertad intelectual” (art. 31).
* Condicionamientos a la autonomía en pro de un populismo politiquero: se reconoce el derecho de las universidades autónomas a elegir sus autoridades, pero con la coletilla de que ello debe hacerse “en igualdad de condiciones de los derechos políticos de los integrantes de la comunidad universitaria: profesores, estudiantes, personal administrativo, obreros y egresados” (art. 31).
* Monopolio por parte del Poder Ejecutivo para formar en algunas carreras: se señala que la oferta de algunas carreras podrán “ser reservadas para ser impartidas en instituciones especialmente destinadas para ello” (art. 32); naturalmente, dichas instituciones serían las universidades especiales focalizadas en una profesión que el Gobierno Nacional ha comenzado a desarrollar en los últimos años.


Lo ausente:


* Falta una definición y tipificación de los tipos de planteles educativos, entre ellos los privados. No se desarrolla lo establecido en el artículo 106 de la Constitución, en lo referente al derecho de los particulares a fundar instituciones de enseñanza.
* No se desarrolla el contenido del artículo 59 de la Constitución, en el cual se establece el derecho de los padres a que sus hijos “reciban la educación religiosa que esté de acuerdo con sus convicciones”, ello, naturalmente, en el seno del sistema educativo. Por el contrario, en el Proyecto de Ley la formación religiosa parece confinarse en los espacios familiares (art. 5).
* Cuando se tipifican las modalidades educativas, se explican las ya conocidas: para personas con discapacidad, la educación de adultos, la rural, la educación para las artes, la educación militar y la intercultural bilingüe. Extrañamente, la única modalidad que es suprimida corresponde a la formación de los ministros del culto, la cual se realiza en los seminarios…
* Se elimina, sin compensación o sustitución alguna, lo contenido en el artículo 59 de la aún vigente Ley de Educación que establece la posibilidad de que el Estado contribuya al financiamiento de algunos planteles privados “que ofrezcan y garanticen educación de calidad, siempre que la impartan gratuitamente”, tal como, por ejemplo, han venido realizando los gobiernos en apoyo a una institución privada católica de indudable sentido popular como es Fe y Alegría.


Ante tales ausencias, coincidentes todas en el área de la educación privada y católica, cabe la pregunta de si no estamos en presencia de la lamentable intrusión en este Proyecto de Ley del añejo olor de un anticlericalismo muy del siglo XIX.

Lo confuso:

· Se plantea, en el artículo 22 del Proyecto, la existencia de un Subsistema de Educación Básica, integrado por los niveles de Educación Inicial, de Educación Primaria y de Educación Media. Eso está claro. Lo que no queda claro es que el otro Subsistema lo denominan de Educación Universitaria. Entonces, ¿querría ello decir que los colegios e institutos universitarios y los tecnológicos van a desaparecer a partir de la promulgación de esta Ley de Educación? ¿Por qué no denominaron a este segundo Subsistema como de Educación Superior para que allí cupiesen toda la variedad de instituciones mencionadas?

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Observaciones de COPEI

Copei: La propuesta de Ley de Educación que impondrá el gobierno a todos los venezolanos desconoce los más elementales principios de convivencia y construcción de consensos democráticos y contraviene en su esencia y fondo todos los avances científicos, tecnológicos y pedagógicos generados por la evolución de la sociedad en los últimos cincuenta años.

La aprobación de un proyecto de ley orgánica de educación implica por su importancia, en tanto prefigura el modelo de sociedad y ciudadanos a formar en las próximas generaciones, que para su elaboración y desarrollo es necesario la participación plural de los más amplios sectores que constituyen la sociedad venezolana y este principio básico de convivencia democrática ha sido desconocido y vulnerado de la manera más grosera y autoritaria por un parlamento espurio, cuya legitimidad de origen está seriamente cuestionada.

Es importante recordar que la elección de los parlamentarios, los cuales seguramente de manera aviesa y servil a los designios del régimen aprobarán sin objeción a este proyecto de marras, fue producto en su momento de unas elecciones que conocieron de la más alta abstención electoral (75%), lo cual cuestiona seriamente la legitimidad de origen de las leyes aprobadas por ellos. Igualmente es oportuno recalcar que un importante segmento de La sociedad venezolana (aproximadamente entre el 40 y 45% de manera constante) se ha opuesto a las iniciativas legislativas impulsadas por dicho parlamento espurio, incluso la propuesta de reforma constitucional impulsada por ellos fue rechazada por una mayoría democrática.

Copei no sólo adversa por razones políticas e ideológicas la pretensión del régimen de dotarse de un instrumento que procura la formación e implementación de un modelo de sociedad de pensamiento único, que desconoce en esencia principios y valores que la humanidad en su conjunto le ha costado tanto desarrollar y construir. Copei se opone a una propuesta política que obvia e ignora la diversidad y amplitud de las ideas, concepciones y visiones existentes en la sociedad venezolana, que niega el dialogo y se opone a la construcción de consensos democráticos.

Copei no está en contra de manera terca y exclusivamente por razones ideológicas-políticas a las posiciones enmarcadas dentro de la concepción de lo que han dado por denominar “Socialismo del Siglo XXI”, las cuales obviamente no compartimos, sino que es importante señalar que en Copei reconocemos y toleramos la diversidad de pensamiento, aceptamos por principios democráticos, aquellos resultados generados por mayorías circunstanciales, que contravienen incluso nuestras propuestas. Pero, cuestionamos y nos negamos a aceptar el modelo de sociedad que pretenden imponernos desde el ejecutivo nacional a todos los venezolanos de manera abrupta y totalitaria y más aún cuando los paradigmas del modelo sociedad a construir sean los ejemplificados por Cuba, Corea del Norte e Irán y no otros visiones de socialismo como por el ejemplo las que representan España y Chile.

El derrumbe del muro de Berlín y el desmembramiento de los otrora poderosos regímenes comunistas, a finales del siglo XX, los cambios que vivimos los inicios de este siglo XXI, prefiguran la construcción de sociedades abiertas, globalizadas, con desarrollo sustentable y respeto por la diversidad religiosa, política, étnica, de género, etc. Y para ello las propuestas educativas deben estar enmarcadas dentro del marco de la evolución y desarrollo de la ciencia, la tecnología, que incorpore los avances que en las áreas pedagógicas y didácticas se generen en cualquier lugar del mundo, que respete la dignidad de sus ciudadanos, que brinde igualdad de oportunidades a todos sus connacionales independientemente de su condición social, origen étnico, religión o posición política e ideológica. Y consideramos en Copei que la actual propuesta de ley de Educación está en dirección contraria a los avances de la sociedad occidental en los últimos cincuenta años.

En consecuencia, Copei se opone a este proyecto de “Ley de Educación”, el cual pretende implementar este régimen de tendencias autoritarias y totalitarias y llamamos a luchar en todos los escenarios y utilizando todos los instrumento democráticos para impedir una propuesta educativa que desnaturaliza a la sociedad venezolana. Convocamos a todos los educadores, estudiantes y representantes a oponerse por razones de conciencia a las pretensiones de implementar un sistema de pensamiento único. La Resistencia democrática debe ser en todos los escenarios y la participación fundamental, es importante recordar en este momento las frases de Galileo Galilei “La Tierra se mueve”. Se trata de estudiar y luchar, de participar más activamente en la construcción de modelo de sociedad y ciudadanos que queremos, no es tiempo de desmayar y dudar. Por nosotros, nuestros hijos y nietos, por el país que queremos y nos merecemos es necesario persistir, la oscuridad y las sombras siempre serán derrotadas por la luz de la verdad.

Angel Cacique